Los hechos del caso se refieren a las graves condiciones de detención a las que eran sometidos los niños alojados en el Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López” entre los años 1996 y 2011; y particularmente a las afectaciones derivadas de tres incendios ocurridos en los años 2000 y 2001 en el que 12 niños fallecieron, y decenas resultaron heridos.

La Corte IDH analizó las violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal a la luz de las obligaciones adicionales y específicas que los derechos de la niñez, consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana, le imponen a los Estados. La Corte IDH fijó el contenido y alcance de estos derechos tomando en consideración las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, junto con la Convención Americana, constituyen un corpus juris internacional de protección de los niños que los Estados deben respetar.

Asimismo, la Corte IDH reconoció que tratándose de procesos judiciales en los que se discuta algún derecho de un niño y, particularmente cuando un niño/a sea sometido a un proceso penal, el ejercicio de las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana supone la adopción de medidas específicas y particulares.