Los hechos que fundamentan la solicitud de protección a favor de Talía Gonzáles Lluy, se refieren al agravamiento en su estado de salud por la deficiente atención médica brindada a través del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y como consecuencia de los cambios realizados en su tratamiento antirretroviral. La CorteIDH desestimó la solicitud por considerar que el Estado mitigó la situación de gravedad y urgencia descrita, ordenando su seguimiento en el marco del proceso de supervisión de cumplimiento de Sentencia.