INFORME No. 112/12
CASO 12.828
FONDO
MARCEL GRANIER Y OTROS
VENEZUELA
9 de noviembre de 2012

I.

RESUMEN

1.
El 1 de marzo de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por Carlos Ayala Corao y Pedro Nikken (en
adelante “los peticionarios”) en la cual alegaron la responsabilidad de la República Bolivariana de
Venezuela (en adelante “el Estado” o “el Estado venezolano”) por las violaciones de derechos humanos
en perjuicio del señor Marcel Granier y otros 22 accionistas, directivos y/o periodistas de la estación
Radio Caracas Televisión (RCTV) (en adelante “las presuntas víctimas”). Tras efectuar un análisis
preliminar, el 16 de octubre de 2007 la Comisión informó a los peticionarios que no sería posible dar
trámite a la petición, porque no se podía determinar si se habían agotado los recursos de la jurisdicción
interna. El 18 de febrero de 2010, los peticionarios nuevamente sometieron a la CIDH una petición
reiterando y actualizando la información enviada, e indicando nuevos hechos.
2.
Según los peticionarios, la decisión del Estado de no renovar la concesión de RCTV para
operar como estación televisiva tenía por objeto silenciar dicho medio de comunicación por difundir
opiniones críticas e informaciones contrarias al gobierno. Asimismo, señalan que el Estado, a través de
un procedimiento judicial en el cual las presuntas víctimas no eran parte, decidió incautar sin fórmula de
juicio y sin indemnización los equipos pertenecientes a RCTV, mediante los cuales transmitía su
programación. Sostienen que, aunado a la alegada falta de respuesta a los recursos interpuestos por las
presuntas víctimas, todo lo anterior configuraría una violación de los derechos a las garantías judiciales,
la libertad de pensamiento y de expresión, a la propiedad privada, a la igualdad y no discriminación, y a
la protección judicial, consagrados en los artículos 8, 13, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante ”la Convención Americana” o “la Convención”), en concordancia con
las obligaciones generales previstas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Por consiguiente, los
peticionarios solicitaron una serie de medidas de reparación.
3.
El Estado alega que la petición debió declararse inadmisible porque no se han agotado
los recursos de la jurisdicción interna, toda vez que el recurso contencioso administrativo de nulidad
contra la decisión de no renovar la licencia de RCTV está todavía pendiente de resolución. En cuanto al
fondo, niega las violaciones alegadas por los peticionarios. Sostiene el Estado que la no renovación
corresponde a la simple extinción jurídica de una concesión que el Estado decidió no renovar, amparado
en su poder discrecional de administrar bienes de dominio público como el espectro radioeléctrico. El
Estado alega que RCTV estuvo involucrado en el golpe de Estado de abril de 2002, y que habría violado
el ordenamiento interno en materia de radiodifusión que sin embargo “no fue aplicado”. Indica que la no
renovación de la concesión a RCTV no se realizó para silenciar dicho medio de comunicación, sino por
las razones expuestas en la comunicación 0424 del Ministro del Poder Popular para Telecomunicaciones
y la Informática. En particular, señala que este Ministerio decidió destinar el uso de la señal que venía
empleando RCTV para honrar la exigencia constitucional de garantizar servicios públicos de televisión,
con la finalidad de permitir el acceso universal a la información de conformidad con el Plan Nacional de
Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales. El Estado manifiesta que la renovación de las
concesiones de varias televisoras abiertas a la vez que no se renovó la concesión de RCTV permite
establecer que no hubo violación al derecho a la igualdad ante la ley. Adicionalmente, sostiene que la
incautación de los bienes de RCTV garantiza intereses colectivos y el interés general de la población
venezolana, y que resulta falso que dichos equipos se han dañado en manos del Estado. Finalmente, el
Estado mantiene que el Tribunal Supremo de Justicia no ha incurrido en un retardo judicial en la
resolución del recurso contencioso administrativo de nulidad contra la decisión de no renovar la licencia
de RCTV.

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