128 juez en un determinado caso539. En cuanto al tipo de evidencia que se necesita para probar la imparcialidad subjetiva, se debe tratar de determinar, por ejemplo, si el juez ha manifestado hostilidad o si ha hecho que el caso sea asignado a él por razones personales540. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona 541. 387. El artículo 8.2 de la Convención dispone que “[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por ello, la Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales542. 388. Asimismo, la Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa543. A su vez, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella544. A.2.1 Situación de Jorge Martínez Meléndez (Grupo 4) A.2.1.1. Sobre la alegada falta de imparcialidad del Juez Marco Mairena 389. En el presente caso, el 30 de julio de 2004 el Tribunal de Juicio del Primer Circuito de San José dictó por mayoría que la prisión preventiva de Marvin Martínez Meléndez, hermano de la presunta víctima Jorge Martínez Meléndez, debía mantenerse. El Juez Marco Mairena integró el Tribunal de Juicio que dictó la resolución de prisión preventiva y fue parte del voto de mayoría. A pesar de que la presunta víctima no era parte en dicho asunto, el Tribunal de Juicio sí lo mencionó en los siguientes términos545: […] la sentencia [condenatoria] dictada [en contra de Marvin Martínez] tiene por demostrado que fueron desviados de diversas formas, cerca de cuatrocientos millones de colones, muchos de los cuales fueron a parar a las cuentas de las sociedades manejadas por los hermanos Martínez Meléndez. Dinero que hoy en día no se sabe su destino final, y que permitió que el [coencartado] Jorge Martínez huyera del país y estuviera cerca de cuatro años viviendo en Canadá. Por ello, es claro que sin que el Tribunal pretenda Cfr. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 234, y Caso Duque Vs. Colombia, supra, párr, 163.. 540 Cfr. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, supra, párr. 234, y Caso Duque Vs. Colombia, supra, párr. 163, citando: TEDH, Caso Kyprianou Vs. Chipre, No. 73797/01, Sentencia de 15 de diciembre de 2005, párr. 119 (“As regards the type of proof required, the Court has, for example, sought to ascertain whether a judge has displayed hostility or ill will or has arranged to have a case assigned to himself for personal” reasons). Ver asimismo, TEDH, Caso Bellizzi Vs. Malta, No. 46575/09, Sentencia de 21 de junio de 2011, párr. 52 y y final de 28 de noviembre de 2011, párr. 52, y Caso De Cubber Vs. Bélgica, No. 9186/80, Sentencia de 26 de octubre de 1996, párr. 25. Además, el este Tribunal señaló que la imparcialidad subjetiva de un juez puede determinarse, según las circunstancias concretas del caso, con base en el comportamiento del juez durante el procedimiento, el contenido, los argumentos y el lenguaje utilizados en la decisión, o los motivos para llevar a cabo la investigación, que indiquen una falta de distancia profesional frente a la decisión. Cfr. TEDH, Caso Kyprianou Vs. Chipre, No. 73797/01, G.C., Sentencia de 15 de diciembre de 2005, párrs. 130 - 133. 541 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”), supra, párr. 56, y Caso Barreta Leiva Vs. Venezuela, supra, párr. 98. 542 Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, supra, párr. 77, y Caso Zegarra Marín Vs. Perú, supra, párr. 121 543 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra, párr. 184, y Caso Zegarra Marín Vs. Perú, supra, párr. 123. 544 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 160, y Caso Acosta y Otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 190. 545 Cfr. Resolución del Tribunal Penal de Juicio, de 30 de julio de 2004 (expediente de prueba, folio 26146). 539