Los hechos del caso se refieren a la masacre ocurrida -en el contexto del conflicto armado- en abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos, un pequeño centro urbano de alrededor de 82 ranchos, y la impunidad en que quedaron los mismos. En su Sentencia la CorteIDH aplico estándares ya desarrollados respecto del alcance de la responsabilidad estatal frente a las desapariciones forzadas , y la condición de desprotección de facto que alcanza a las personas desplazadas que son victimas de amenazas y hostigamientos que le impiden transitar y residir libremente en su territorio. Adicionalmente considero la violación al derecho a la protección de la familia como consecuencia de la omisión estatal respecto de la adopción de medidas apropiadas para posibilitar la reunificación familiar y el derecho a la protección de la niñez . Finalmente, estableció responsabilidad estatal por la violación a la obligación de investigar los hechos probados.