La solicitud de medidas provisionales apunta a la protección de la vida de un grupo de personas condenadas a pena de muerte. El fundamento de la concesión de las mismas hace referencia a la obligación estatal de proteger la vida de los beneficiarios para no frustrar la posibilidad de dar cumplimiento a una eventual determinación por parte de los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos de una violación al derecho a la vida, que se vería irremediablemente dañado si el Estado ejecuta las penas.