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obligaciones internacionales y por lo tanto, […] incurri[ó] en la violación de los
artículos 4 (derecho a la vida), 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a
la protección judicial efectiva), 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y/o 2
(Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana
[…], mediante la imposición de la pena de muerte a Fermín Ramírez sin que hubiera
tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa, en relación tanto al cambio de
los hechos imputados en la acusación como de su calificación jurídica, los cuales
tuvieron lugar al momento de que las autoridades judiciales guatemaltecas
profirieron en su contra sentencia condenatoria el 6 de marzo de 1998.” Además, la
Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adopte varias medidas de
reparación pecuniarias y no pecuniarias.

II
COMPETENCIA DE LA CORTE
3.
La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los
artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Guatemala ratificó la
Convención Americana el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia
contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.

III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
4.
El 9 de junio de 2000 el Instituto de la Defensa Pública Penal presentó una
denuncia ante la Comisión Interamericana. En la misma fecha, el peticionario solicitó
medidas cautelares a favor de la presunta víctima, lo cual reiteró posteriormente.
5.
El 9 de octubre de 2002, en el marco de su 116º período ordinario de
sesiones, la Comisión aprobó el Informe No. 74/02, en el que declaró admisible el
caso y decidió continuar con la consideración del fondo del mismo.
6.
El 9 de febrero de 2004 se comunicó al Estado la decisión de la Comisión
Interamericana de otorgar medidas cautelares a favor del señor Fermín Ramírez.
7.
El 11 de marzo de 2004, en el marco del 119º período ordinario de sesiones,
la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 35/04, en el cual concluyó que:
[…] Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el
presente informe, la Comisión reitera sus conclusiones de que el Estado de Guatemala
es responsable de lo siguiente:
a.
El Estado es responsable de la violación del derecho de Fermín Ramírez
consagrado en el artículo 8(2)(b) de la Convención Americana por que las autoridades
judiciales guatemaltecas se abstuvieron de comunicarle previa y detalladamente los
hechos en los que se fundó la sentencia condenatoria a la pena de muerte.
b.
El Estado es responsable de la violación del derecho de Fermín Ramírez
consagrado en el artículo 8(1) de la Convención Americana por que las autoridades
judiciales guatemaltecas le impidieron ejercer el derecho de ser oído sobre los hechos y
circunstancias que se le imputaron en la sentencia condenatoria.

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