51 Palamara Iribarne a dicha institución relativas a su situación laboral170. Dichas consultas se relacionaban con: a) la reconsideración parcial del dictamen de 20 de diciembre de 1993 relativo a la fecha en que se puso término anticipado al contrato de trabajo que lo vinculaba a la institución castrense, dado que “no había sido legalmente notificado del término anticipado de su contrato”. Al respecto, la referida División Jurídica manifestó, inter alia, que “la autoridad que contrató los servicios de un empleado a contrata puede ponerle término anticipado al contrato si la permanencia del funcionario es perjudicial o afecta la disciplina, el orden o simplemente la conveniencias del servicio correspondiente”, así como que en “una reiterada jurisprudencia” la Contraloría ha señalado que las autoridades castrenses poseen plenas facultades para poner término anticipado a un contrato; b) la procedencia de la “asignación por cambio forzoso de residencia dentro de la misma ciudad […] por haberse visto obligado a abandonar el inmueble que habitaba en la ciudad de Punta Arenas”. Al respecto, la División Jurídica de la Contraloría resolvió que el referido beneficio “sólo es procedente cuando el funcionario ha cambiado su residencia habitual, requisito que no se verifica cuando el servidor se muda dentro de los límites de una misma ciudad”, por lo cual “no [se encontraba] habilita[do] para impetrar [el referido] beneficio”; c) la procedencia del plazo de siete días concedido para abandonar el “inmueble fiscal”. Al respecto, la División Jurídica de la Contraloría consideró que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Viviendas Fiscales de la Armada, “los empleados civiles no tienen derecho a ocupar casas fiscales. Sin embargo, por excepción […] la autoridad respectiva, previa coordinación con la Dirección de Bienestar de la Armada, puede asignar viviendas fiscales a estos funcionarios”, por lo cual el señor Palamara Iribarne “sólo ha tendido derecho al beneficio [de vivir en una casa fiscal] mientras se desempeñaba como oficial de la Armada[, …] siendo factible el plazo otorgado por su empleador para la restitución del referido inmueble”; y d) la procedencia de los descuentos efectuados a las remuneraciones del señor Palamara Iribarne durante el mes de abril de 1993. Al respecto, la División Jurídica de la Contraloría estimó que dichos descuentos correspondieron “al reintegro de sumas pagadas indebidamente durante el mes de enero y febrero de 1993”, dado que había sido remunerado como Capitán de Corbeta y no como empleado civil a contrata. 63.111. Luego de ocurridos los hechos del presente caso, el señor Palamara Iribarne tuvo dificultades para encontrar trabajo, debido a que después de dejar de servir a la Armada por haber sido condenado en la jurisdicción militar se le cerraron las puertas de empresas navieras para ejercer como ingeniero naval mecánico. Además, sus relaciones sociales y las de su familia cambiaron, ya que muchos de sus amigos integraban la Armada. Asimismo, en Viña del Mar la mayoría de las personas tienen en su familia un marino, por lo que para la colectividad vulnerar la seguridad nacional es “malo en sí mismo”171. 170 Cfr. informe sobre la situación laboral del señor Palamara Iribarne emitido por la División Jurídica de la Contraloría General de la República el 28 de junio de 1994 (Causa No. 464 ante el Juzgado Naval de Magallanes por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo 9.c, folios 1515-1520). 171 Cfr. testimonio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne rendido ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el 9 de mayo de 2005; declaración jurada de la señora Anne Ellen Stewart Orlandini de 2 de abril de 2005; declaración jurada del señor Antonio Palamara Stewart de 21 de abril de 2005; declaración jurada del señor Fernando Alejandro Palamara Stewart de 21 de abril de 2005; y declaración del señor Raimundo Jesús