15 Empero, de aceptarse, pues, esta conclusión extrema, importaría que todos los Estados Partes de la Convención y que han aceptado su jurisdicción, eventualmente podrían ser llevados ante la Corte por ser subdesarrollados o en vías de desarrollo, es decir, por no alcanzar plenamente el desarrollo integral o algunas de sus facetas, lo que a todas luces parece alejado de lo que ellos deseaban al firmar la Convención o, al menos, de la lógica implícita en ella, en especial, por la forma en que está redactado el mencionado Capítulo VII. Finalmente, en tanto acotación suplementaria a lo sostenido en el presente voto, habría que recordar que en otras sentencias de la Corte se alcanzó un resultado análogo al que se pretende en autos, aplicando únicamente disposiciones de la Convención referentes a derechos que ésta reconoce, como las que protegen el derecho a la integridad personal, a la propiedad o a las garantías judiciales y la protección judicial, sin haber tenido necesidad de recurrir al mencionado artículo 2659. III.- OTRAS ARGUMENTACIONES ESBOZADAS EN LA SENTENCIA. A los efectos de reforzar la tesis sostenida en este texto, parece conveniente referirse también, aunque en forma adicional, a ciertas aseveraciones de la Sentencia, lo que se hace seguidamente. 1.- La afirmación concerniente a “la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales”, por lo “que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello”60, en nada implica que la violación de ambos tipos de derechos puedan ser invocados ante la Corte. Lo sostenido por la Sentencia se podría compartir en la medida en que se entienda que si bien el goce de todos los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales, deben ser respetados y que, consecuentemente, todos pueden ser exigibles ante las autoridades competentes, de ello no se desprende que estas últimas sean, siempre y en toda circunstancia y en cuanto a todos los derechos humanos, los tribunales nacionales y, eventualmente, la Corte. Efectivamente y como ya se ha indicado, no se discute que las presuntas violaciones de cualquier derecho humano pueden y aún deben ser reclamadas ante los tribunales nacionales competentes61, pero, lo que se sostienen en el presente voto es que Y lo mismo se desprendería de otras normas del Capítulo VII de la Carta de la OEA, artículos 30 a 52, todos concernientes al “desarrollo integral”, del que, según se deduciría de la Sentencia, también se derivaría un derecho cuya violación podría alegarse ante la Corte. 59 Ejemplo más reciente, Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, párrs. 154, 155 y ss. 60 61 Párr. 141. Preámbulo, 2º Párr. : “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;” Art. 46: “1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y