INFORME Nº 5/97
CASO 11.227
Sobre Admisibilidad
COLOMBIA*
12 de marzo de 1997
1. Los peticionarios en esta causa (REINICIAR y la Comisión Colombiana de Juristas), alegan que
la República de Colombia (el "Estado" o el "Estado colombiano" o "Colombia") es responsable de
haber violado derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la
"Convención" o la "Convención Americana"), en relación con la persecución de miembros del
partido político Unión Patriótica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la
"Comisión") concluye que el caso es admisible.
I.

ANTECEDENTES

A.

Contexto

2. El 28 de mayo de 1985, la Unión Patriótica se constituyó en partido político como resultado de
las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las "FARC") y
el Gobierno del Presidente Belisario Betancur Cuartas. En el curso de las negociaciones, las partes
convinieron en establecer la Unión Patriótica como partido político con las garantías necesarias
para que pudiera actuar en las mismas condiciones que los demás partidos políticos. Asimismo, el
Gobierno manifestó que aseguraría la participación de los dirigentes de las FARC en las
actividades políticas.
3. La Unión Patriótica no se concibió como partido político en el sentido estricto de la palabra sino
que se percibió, más bien, como una alternativa política frente a la estructura tradicional del
poder para contar con un medio que permitiera canalizar las diversas manifestaciones de protesta
civil y popular y, asimismo, con un mecanismo político para la posible reasimilación de las FARC a
la vida civil. Apenas fue creado, el partido recibió el respaldo inmediato de movimientos políticos
izquierdistas y logró un importante y rápido éxito electoral en los comicios de 1986 y 1988.
B.

Alegaciones de los peticionarios

4. Los peticionarios han alegado que desde la formación de la Unión Patriótica, sus miembros han
sido víctimas de persecución sistemática que se ha manifestado en ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones, enjuiciamientos penales infundados, atentados y amenazas. Los peticionarios
afirman que la persecución de los miembros de la Unión Patriótica constituye un intento de
eliminar el partido como fuerza política por la vía de la violencia y la intimidación de sus
miembros y dirigentes. Los peticionarios alegan que las acciones contra los miembros de la Unión
Patriótica constituyen un acto de genocidio y de violación de los derechos humanos protegidos
por la Convención.
5. Los peticionarios argumentan que, por varias razones, el Estado de Colombia es responsable
de las violaciones de los derechos humanos de miembros de la Unión Patriótica. En primer lugar,
afirman que agentes del Estado han participado en crímenes de los cuales han sido blanco
miembros de la Unión Patriótica. En segundo lugar, sostienen que el Estado de Colombia no ha
cumplido con su obligación de proteger los derechos humanos de los miembros de la Unión
Patriótica al no haber procedido de la manera debida para prevenir, investigar y sancionar los
delitos cometidos contra miembros de la Unión Patriótica.
C.

Posición del Estado

6. El Estado ha argumentado que esta Comisión no debe admitir, para tomar su decisión, el
reclamo de los peticionarios de que ha habido genocidio. El Estado ha procurado establecer, entre
otras teorías, que los hechos presentados por los peticionarios no caracterizan el delito de
genocidio porque no se encuadran dentro de la definición de ese tipo de violación.

* El Comisionado doctor Alvaro Tirado Mejía, de nacionalidad colombiana, no participó en el debate ni en la votación de
este caso, conforme al artículo 19 del Reglamento de la Comisión.

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