18. El 19 de diciembre de 1996 la Comisión envió notas a las partes indicando su decisión de
ponerse a su disposición a los efectos de llegar a una solución amistosa y les concedió un plazo de
30 días para responder. El 24 de enero de 1997 los peticionarios respondieron indicando que
estaban dispuestos a iniciar gestiones para ello, siempre y cuando el Gobierno conviniera en
encarar varias cuestiones que consideraban fundamentales para poder concretar una solución de
esa naturaleza. Con fecha 6 de febrero de 1997, la Comisión envió las partes pertinentes de la
respuesta de los peticionarios al Gobierno.
19. El Gobierno pidió una prórroga para responder al ofrecimiento de la Comisión de ponerse a
disposición de las partes para la búsqueda de una solución amistosa. Una prórroga de 30 días fue
concedida por nota de la Comisión de fecha 5 de febrero de 1997.
20. En varias ocasiones la Comisión convocó audiencias sobre el caso, en cada una de las cuales
comparecieron representantes del Gobierno y de los peticionarios para presentar argumentos
sobre aspectos de hecho y de derecho relacionados con el caso.
III.
ANÁLISIS DE LA ADMISIBILIDAD
A.
Presentación de hechos para caracterizar la violación
21. Conforme a lo enunciado en el artículo 47(b) de la Convención, la Comisión podrá declarar
inadmisible toda petición que no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos
garantizados por la Convención. Los peticionarios alegan que se han llevado a cabo ejecuciones
extrajudiciales, que ha habido desapariciones, intentos de asesinato, procesos judiciales falsos y
que se han proferido amenazas contra los miembros de la Unión Patriótica, identificados como
víctimas en este caso, a los efectos de tratar de eliminar el partido político. Los peticionarios
solicitan a la Comisión que concluya que las acciones alegadas constituyen un delito de genocidio,
interpretando la Convención Americana de conformidad con el derecho internacional
consuetudinario y las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio (la "Convención sobre Genocidio"). Proceden a afirmar que el delito de genocidio
conlleva violaciones de artículos concretos de la Convención Americana.
22. La Convención sobre Genocidio, que codifica el derecho internacional consuetudinario en lo
que se refiere al genocidio1, define a ese delito de la manera siguiente:
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear
su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otros grupos.2
1 Véanse, Reservas a la Convención sobre Genocidio, 1951 CIJ Rep. 15 (Opinión Consultiva del 28 de mayo); Restatement
of the Law Third, Restatement of the Foreign Relations Law of the United States.
2 Abierta a la firma el 9 de diciembre de 1948, 78 UNTS 277 (énfasis agregado).
El Estado de Colombia ha ratificado la Convención sobre Genocidio y está obligado a cumplir con sus disposiciones. La
Comisión está facultada para interpretar la Convención Americana a la luz de la Convención sobre Genocidio y el derecho
internacional reconocido.
El artículo 29(b) de la Convención estipula que no podrá interpretarse que sus disposiciones "limita[n] el goce y ejercicio de
cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados". La Corte ha observado de manera favorable que la
Comisión ha interpretado que esta disposición le otorga competencia para invocar otros tratados además de la Convención
Americana "con prescindencia de su carácter bilateral o multilateral, o de que se hayan adoptado o no dentro del marco o
bajo los auspicios del Sistema interamericano". Corte I.D.H., "Otros Tratados" objeto de la función consultiva de la Corte
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