Los hechos del caso se refieren al reclutamiento ilegal del niño Gerardo Vargas Areco, realizado por las fuerzas armadas paraguayas, así como a las torturas y ejecución extrajudicial que ocurrieron mientras realizaba el servicio militar.

La Corte IDH hizo foco en la incorporación de niños a las fuerzas armadas a la luz del derecho internacional y desarrolló estándares de debida diligencia en la investigación de la ejecución extrajudicial y el delito de torturas, y estableció mínimos para la investigación de esos actos que los Estados deben necesariamente tomar en consideración.