INFORME No. 77/081
PETICIÓN 1094-03
ADMISIBILIDAD
JOSÉ AGAPITO RUANO TORRES
EL SALVADOR
17 de octubre de 2008
I.

RESUMEN

1. El 12 de diciembre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por
Pedro Torres Hércules (en adelante “el peticionario”), en la cual se alega la responsabilidad
internacional de la República de El Salvador (en adelante "el Estado", “El Salvador” o “el Estado
salvadoreño”) por presuntas violaciones a las garantías judiciales y protección judicial, cometidas
en perjuicio de José Agapito Ruano Torres (en adelante “la presunta víctima”).
2. El peticionario argumenta que la presunta víctima habría sido procesada y condenada
injustamente como consecuencia de un error judicial cometido respecto de su identidad y que
al momento de su detención habría sido torturada. En relación con los requisitos de
admisibilidad, argumenta que los recursos internos fueron agotados.
3. Por su parte, el Estado sostiene que no existieron violaciones a la protección y garantías
judiciales, ni a la integridad personal de la presunta víctima y, afirma que su culpabilidad fue
demostrada conforme a un proceso penal debidamente regulado. En relación con los requisitos
de admisibilidad, argumenta que la presunta víctima decidió no hacer uso de diversos recursos
domésticos que estaban a su disposición, quedando pendiente la posibilidad de interponer un
recurso de amparo en procura de la satisfacción de los derechos que se alegan vulnerados.
4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y tras analizar la información disponible y verificar
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad consagrados en los artículos 46 y 47 de la
Convención Americana, así como en los artículos 30 y 37 de su Reglamento, la CIDH concluye
que la petición es admisible en cuanto a la presunta violación de los derechos establecidos en
los artículos 5, 7, 8, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la
“Convención Americana” o la “Convención”), en relación con la obligación general consagrada
por el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional.La Comisión decide notificar esta
decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. El 12 de diciembre de 2003, la Comisión recibió la petición fechada el 27 de noviembre de
2003 y le asignó el número 1094-03. El 31 de marzo de 2004, transmitió las partes
pertinentes al Estado, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su
respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante el “Reglamento”). La respuesta del Estado
fue recibida el 28 de mayo de 2004.
6. Además, la CIDH recibió información del peticionario en las siguientes fechas: 27 de agosto de
2004, 8 de octubre de 2004, 10 de marzo de 2005, 22 de diciembre de 2005, 29 de noviembre
de 2006, 4 y 11 de enero de 2007, 11 de abril de 2007, 27 de septiembre de 2007, 1 de
noviembre de 2007 y 25 de marzo de 2008. Dichas comunicaciones fueron debidamente
trasladadas al Estado.
7. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 10 de
febrero de 2005, 6 de febrero de 2007, 2 de agosto 2007, 8 de enero de 2008 y 11 de junio de
2008. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al peticionario.
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El Comisionado Florentín Meléndez, nacional de El Salvador, no participó en la consideración o votación de este caso
de conformidad con el artículo 17.2.a del Reglamento de la CIDH.
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