-19- B.4. Consideraciones de la Corte 55. Para determinar si los referidos hechos relativos a las reducciones de las pensiones de las cinco víctimas ocurridas desde el 2005 se encuentran relacionados con la supervisión del cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte requirió mayor información al Estado mediante resoluciones (infra Considerandos 56 a 58). 56. Mediante Resolución del año 2009, la Corte se refirió a los procesos judiciales presentados por la SBS en el año 2005 y señaló únicamente que: […] algunas de las decisiones judiciales relacionadas con este asunto se encuentran pendientes de resolución […]. Hasta que estas no sean resueltas la Corte no cuenta con todos 76 los elementos necesarios para su análisis . 57. Con posterioridad a ello, mediante Resolución de 2011, la Corte se refirió a dichos procesos judiciales iniciados por demandas de la SBS y requirió determinada información al Estado (supra Considerando 16). En esta Resolución consideró lo siguiente: 32. La Corte observa que han sido resueltas de forma definitiva tres de las cinco acciones de nulidad interpuestas en el 2005 por la SBS […] y que, a través de sus informes, el propio Estado ha señalado que la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que sigue la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hace previsible que los casos aún pendientes de sentencia de dos de las víctimas se resuelvan en el mismo sentido […]. 33. Las tres sentencias definitivas dictadas en los procesos contencioso administrativos planteados en el 2005 por la SBS declararon la nulidad de las resoluciones emitidas por ésta en 1995 y 2002 respecto de tres de las víctimas. La Corte hace notar que dichas resoluciones de la SBS estaban dirigidas a ejecutar lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional del Perú al admitir acciones de garantía […]. 34. Si bien la Corte reconoció en la Sentencia, en términos generales, que los Estados Parte en la Convención pueden reducir las pensiones observando los parámetros convencionales, la Corte reitera que en su Fallo “no […] orden[ó], como lo aleg[ó] el Estado, la nueva determinación del régimen de pensiones que corresponde a las víctimas”. Al referirse a dichos parámetros convencionales, la Corte señaló, inter alia, que “los Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o interés social”, conforme al artículo 21 de la Convención y a su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), siempre que tales limitaciones se creen “mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, [y] en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos” . 35. La Corte toma nota de que, según la prueba presentada por el representante de las víctimas y no controvertida por el Estado, las pensiones de éstas “ha[brían] sido reducidas radicalmente llegando a un nivel incluso inferior [al] que tenían en 1992, cuando inicia[ron] el proceso de reivindicación de [sus] derechos” […]. De las boletas de pago remitidas por el representante en el marco de la supervisión de cumplimiento de la Sentencia, el Tribunal observa que los montos de las pensiones fueron reducidos en aproximadamente un 92%, situación que pareciera diferir del parámetro introducido mediante la reforma en el régimen de pensiones implementada por el Estado en el 2004. 58. que: 76 Además, la Corte declaró en el punto resolutivo segundo de dicha Resolución Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2009, Considerando 38.