Los hechos del caso se refieren a vulneración de garantías en el proceso penal llevado a cabo en contra Manuel Martínez Coronado, y que desembocó en una sentencia condenatoria a pena de muerte por el delito de homicidio.

La Corte IDH en su Sentencia estableció la incompatibilidad con el principio de legalidad del criterio de peligrosidad del agente, aplicado tanto en la tipificación del delito cuanto en la determinación de la pena. Adicionalmente estableció estándares respecto del derecho de defensa.