artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, declaró la petición admisible de los artículos I y III de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
6.
El 4 de abril de 2007 la Comisión notificó a ambas partes la adopción del informe de
admisibilidad y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa del asunto. En la misma
comunicación, la CIDH otorgó a los peticionarios un plazo de dos meses para presentar sus observaciones
adicionales sobre el fondo. Los peticionarios presentaron una comunicación el 16 de abril de 2007,
informando su disposición de iniciar un proceso de solución amistosa. Dicha comunicación fue remitida al
Estado, solicitándole que, en el plazo de un mes, se pronunciara sobre la posibilidad de iniciar un proceso de
solución amistosa. El 9 de agosto de 2007, el Estado presentó un escrito con observaciones, sin pronunciarse
claramente sobre la posibilidad de iniciar un proceso de solución amistosa. El 17 de septiembre y 1 de
octubre de 2007, el Estado presentó observaciones adicionales. Éstas, junto con la comunicación del 9 de
agosto de 2007, fueron trasladadas a los peticionarios, quienes, mediante comunicación del 23 de octubre de
2007, remitieron observaciones. Mediante comunicación del 12 de diciembre de 2007, la Comisión dio por
concluida su intervención en la búsqueda de un acuerdo de solución amistosa y solicitó a los peticionarios
que, en el plazo de dos meses, presentaran sus observaciones sobre el fondo, mismas que fueron presentadas
el 23 de junio de 2009. La CIDH trasladó al Estado dichas observaciones de fondo el 5 de agosto de 2009 y le
solicitó sus observaciones adicionales sobre el fondo, en el plazo de dos meses. El Estado respondió el 2 de
octubre de ese año.
7.
Con posterioridad, la Comisión recibió comunicaciones de los peticionarios de fechas 6 de
abril de 2010, 4 de abril de 2011 y 17 de febrero de 2016; así como del Estado, de fechas 30 de septiembre y
5 de diciembre de 2011. Las partes pertinentes de las comunicaciones han sido debidamente trasladas a las
partes.
III.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

8.
Los peticionarios indicaron que Walter Munárriz Escobar tenía 19 años de edad y era
estudiante en la Facultad de Ingeniería de Minas en la Universidad de Huancavelica. Informaron que en la
madrugada del 20 de marzo de 1999 Walter Munárriz acudió al Hotel “Los Manolos” buscando a un amigo y
por error entró a la habitación de otra persona que resultó ser la esposa de un alférez de la Policía Nacional
Peruana (PNP). Los peticionarios agregaron que Walter Munárriz, al darse cuenta del error, pidió disculpas y
procedió a retirarse; sin embargo, la huésped, al pensar que se trataba de un ladrón, dio aviso a la dueña del
hotel y a la policía. Indicaron que esa misma noche, Walter Munárriz fue detenido por un suboficial de la
Policía Nacional Peruana y llevado a la Comisaría de Lircay, lugar al que se presentó la dueña del hotel quien,
al reconocerlo, decidió no formular denuncia en su contra. Los peticionarios afirmaron que al retirarse dicha
persona, Walter Munárriz Escobar se quedó en la dependencia policial y, desde entonces, se encuentra
desaparecido.
9.
Los peticionarios afirmaron que al acudir la señora Gladys Escobar Candiotti, madre de
Walter Munárriz, a la comisaría a indagar sobre su paradero las autoridades policiales indicaron que ya había
salido de dicho lugar con dirección a su casa y le negaron conocer su paradero. Narraron que, al no encontrar
a su hijo, volvió a la comisaría y solicitó revisar las instalaciones, encontrando detenidas a dos personas (Raúl
Donaires Huamán y Marcos Leónidas Sierra Tueros), pero no a su hijo.
10.
Los peticionarios señalaron que los familiares de Walter Munárriz hicieron del conocimiento
de las autoridades correspondientes la desaparición y presentaron diversos recursos judiciales y
administrativos. Así, informaron que el 21 de marzo de 1999 su madre se dirigió a la Fiscalía Provincial de
Lircay para presentar la denuncia por la desaparición de su hijo, señalando que presumía que los policías que
estaban de servicio el 20 de marzo de 1999 serían los presuntos autores de la desaparición. Los peticionarios
afirmaron que la Fiscal se negó a atenderla y le pidió que volviera en 60 días. Según los peticionarios, la
señora Gladys Escobar Candiotti acudió en tres oportunidades ante dicha Fiscalía, recibiendo la misma

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