INFORME NO. 41/15
CASOS 12.335; 12.336; 12.757; 12.711
FONDO
GUSTAVO GIRALDO VILLAMIZAR DURÁN Y OTROS
COLOMBIA
28 DE JULIO DE 2015

I.

RESUMEN

1.
Entre el 2 de marzo de 1999 y el 23 de febrero de 2003 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante también "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió
cuatro peticiones, en las cuales se alegan respectivamente la ejecución extrajudicial de Elio Gelves Carrillo,
Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Carlos Arturo Uva Velandia y Wilfredo Quiñónez cometidas por agentes del
Estado de Colombia (en adelante, también "el Estado colombiano", "el Estado" o "Colombia")1.
2.
En la mayoría de las peticiones se alegó que las muertes de las presuntas víctimas se
enmarcan en un contexto de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los peticionarios alegaron que agentes
estatales ejecutaron extrajudicialmente a las presuntas víctimas y posteriormente las presentaron como
presuntos subversivos dados de baja en enfrentamientos con miembros del Ejército. Según los peticionarios,
no existió una investigación diligente de los hechos ni una reparación integral para las víctimas, de tal forma
que el Estado habría violado diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante, “la Convención” o “la Convención Americana)”.
3.
El Estado de Colombia negó la existencia del contexto de ejecuciones extrajudiciales y
consideró que ninguna de las muertes compromete su responsabilidad internacional. Indicó que en los casos
de los señores Elio Elves Carrillo, Gustavo Villamizar Durán y Wilfredo Quiñónez sus muertes se habrían
verificado como resultado de la legítima defensa de los miembros del Ejército, mientras que en el caso del
señor Carlos Arturo Uva Velandia, si bien reconocía que un soldado lo privó de la vida, señaló que no era
responsable por la conducta individual desplegada por éste. El Estado indicó que en todos los casos se siguió
una investigación diligente con pronunciamientos de las autoridades internas que definieron la
responsabilidad de los agentes, de tal forma que no ha incurrido en violaciones a la Convención Americana.
4.
Tras considerar los argumentos y pruebas aportados por ambas partes, la Comisión declaró
la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por: i) la violación a los derechos a la vida y honra y
dignidad consagrados en los artículos 4 y 11 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del
mismo instrumento en perjuicio del señor Gustavo Giraldo Villamizar Durán; ii) la violación a los derechos a
la vida, integridad personal, libertad personal y honra y dignidad consagrados en los artículos 4, 5, 7 y 11 de
la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Elio
Gelves Carrillo; iii) la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal consagrados
en los artículos 4, 5, y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en
perjuicio del señor Carlos Arturo Uva Velandia; iv) la violación a los derechos a la vida, integridad personal y
libertad personal consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo
1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los señores Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro
1En este sentido: i) el 2 de marzo de 1999 se recibió una petición presentada por Humanidad Vigente – Corporación Jurídica en
la cual se alega la ejecución extrajudicial de Elio Gelves Carrillo, presuntamente perpetrada por agentes del Estado el 27 de mayo de 1997
en el municipio de Fortul, departamento de Arauca, así como la falta de una investigación efectiva, encaminada al juzgamiento y sanción
de los responsables de los hechos; ii) el 30 de marzo de 1999 se recibió una petición presentada por Humanidad Vigente - Corporación
Jurídica en la cual se alega la muerte de Gustavo Giraldo Villamizar Durán por parte de agentes del Estado el 11 de agosto de 1996, en el
municipio de Saravena, departamento de Arauca y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos; iii) el 5 de octubre de 2000 se recibió
una petición presentada por Horacio Perdomo Parada por la muerte de Carlos Arturo Uva Velandia por parte de un miembro de la Fuerza
Pública, en el municipio de Hato Corozal, departamento del Casanare, el 21 de junio de 1992, la ausencia de esclarecimiento de la
responsabilidad del Estado en los hechos y la consecuente falta de indemnización de perjuicios a favor de los padres y hermanos de la
presunta víctima; y iv) el 23 de febrero de 2003 se recibió una petición presentada por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo en la cual se alega la ejecución extrajudicial de Wilfredo Quiñónez Barcenas, presuntamente perpetrada por agentes del Estado
el 3 de septiembre de 1995 en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

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