Los hechos que fundamentan la solicitud de protección se refieren a las graves amenazas a la vida y a la integridad personal sufridas por las víctimas y familiares reconocidos en la Sentencia de la CorteIDH dictada en la causa principal el 13 de febrero de 2019, como consecuencia de la reapertura de la investigación por violaciones sexuales. Por otro lado, también fue denunciada la situación de vulnerabilidad en que quedarían las víctimas de aprobarse una amnistía en favor de los perpetradores.