Este caso se refiere a la “toma” de la residencia del Embajador de Japón en el Perú, por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), realizada el 17 de diciembre de 1996. Ese mismo día se declaró el estado de emergencia. El entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori convocó a una reunión de emergencia y designó personas a cargo del proceso de negociación con los miembros del MRTA, y paralelamente ordenó la elaboración de un plan de rescate de los rehenes que integrara a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia Nacional. Entre el 17 de diciembre de 1996 y enero de 1997 los emerretistas liberaron a la mayoría de los rehenes, quedando en la residencia 72 personas.

El 22 de abril de 1997 se realizó la operación de rescate denominada “Nipón 96”, conocida más tarde como “Chavín de Huántar”. La operación de rescate logró la liberación de los rehenes. Perdió la vida el rehén y entonces magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña. También perdieron la vida los comandos Teniente EP Raúl Gustavo Jiménez Chávez y Teniente Coronel EP Juan Alfonso Valer Sandoval, y los catorce miembros del MRTA. Además, resultaron varios heridos entre rehenes y funcionarios estatales.

La Corte IDH analizó las obligaciones del Estado de garantizar y respetar el derecho a la vida, en relación con las obligaciones que surgen respecto del uso de la fuerza en el marco de operaciones de rescate de rehenes. Además, analizo la obligación del Estado de investigar de manera diligente, y en el marco de procesos penales ordinarios.