Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de Manfredo Velásquez Rodríguez, estudiante universitario secuestrado por agentes del Estado en septiembre de 1982. Tales actos se produjeron en una época en que las desapariciones constituían una práctica sistemática respecto de personas consideradas peligrosas para la seguridad del Estado.

Se trata de la primera sentencia dictada por la Corte IDH, por lo cual estableció importantes estándares acerca de la naturaleza jurídica y los elementos de la desaparición forzada como violación múltiple y continuada de numerosos derechos contenidos en la Convención, junto con el desarrollo de los contenidos de las obligaciones estatales de respeto, garantía y adecuación del derecho interno, así como el alcance de las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de toda violación.