Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, en diciembre de 1999, por parte de las fuerzas militares. Los hechos ocurrieron estando vigente el estado de alarma decretado por el Congreso Nacional como consecuencia del desastre natural ocasionado por las fuertes lluvias y deslizamiento de tierras que afectaban algunas regiones del país.

Frente a la denuncia de los hechos, el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad que derivó en un procedimiento de reparaciones y costas en el cual se obligó al Estado a investigar los hechos, identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como también, localizar el paradero de las víctimas y pagar una justa indemnización a los familiares de los fallecidos