h) en este contexto, el 27 de septiembre de 2002 el Estado se comprometió a adoptar medidas urgentes. Sin embargo, quince días después, se produjeron nuevas acciones paramilitares, retenciones, amenazas y, consecuentemente, nuevos desplazamientos de los pobladores; i) el 16 de octubre de 2002 aproximadamente 160 hombres, vestidos con prendas militares y brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ingresaron al resguardo de Uradá y amenazaron a esa comunidad en el sentido de que “se dedicara al cultivo de palma y coca o que saliera de sus tierras”; j) las incursiones armadas que amenazan las zonas de refugio y las zonas productivas de los miembros de estas Comunidades fueron efectuadas con la tolerancia, anuencia y participación de agentes del Estado adscritos a la Brigada XVII del Ejército. Asimismo, civiles armados circulan libremente en las cercanías de los lugares en que existe presencia militar o policial sobre el río Atrato. En estos hechos participan personas que ostentan identificaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de la Brigada XVII del Ejército; k) el 26 de noviembre de 2002 el señor Cristóbal Romana Paz, integrante de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y del Curbaradó, fue detenido por civiles armados cuando regresaba de la comunidad de Uradá. El 4 de diciembre de 2002 varios miembros del Consejo Comunitario del Jiguamiandó encontraron los restos de dicha persona en un lugar conocido como El Cruce, que conduce de Uradá hacia Pavarandó, cerca de una base militar y otra paramilitar. El cuerpo del señor Romana Paz se encontraba desmembrado y la cabeza fue hallada a diez metros de distancia del tronco; l) el 5 de enero de 2003, hacia las 12:00 horas, los señores Jhon Jairo Cuesta Becerra, Carlos Salinas Becerra y su compañera Dora Luz Sánchez, los miembros de las Comunidades, y sus hijos Carlos Cristian Sánchez, de diez años de edad, y Aidé Salinas Sánchez, de cinco años de edad, fueron detenidos, intimidados y golpeados por hombres “armados vestidos de camuflado”, algunos con insignias del Ejército. Antes de liberarlos, horas después, les dijeron: “necesitamos gente para trabajar en el proyecto de palma. Allá arriba en el borde necesitamos a la gente para trabajar en el proyecto[,…] desde hoy estamos más de 1.800 hombres en este territorio [y] no nos vamos a ir[,…] ustedes han tomado la decisión de regresarse, ustedes ya saben que tienen riesgo”; m) el mismo día de enero, mientras las cinco personas permanecían detenidas, entre diez y once hombres “armados vestidos de camuflado” ingresaron al caserío en el que se refugiaba la comunidad de Puerto Lleras y dispararon contra las personas que estaban en el caserío. Algunos de los hombres armados tenían insignias del Ejército Nacional y otros tenían brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); además, lanzaron dos granadas de fusil contra un grupo de personas que se encontraba en el bosque. Cinco familias que no lograron salir fueron objeto de insultos e intimidaciones verbales, con el propósito de que regresaran a sus casas a trabajar. Dos días después, la mayoría de los habitantes de Puerto Lleras habían regresado a su caserío, pero en horas de la tarde los hombres armados ingresaron nuevamente con el propósito de evitar que la comunidad saliera hacia la selva. A raíz de esta incursión armada, al día siguiente la mayoría de los pobladores del caserío huyeron hacia zonas selváticas donde se mantuvieron refugiados hasta el 10 de enero de 2003;