6.
Lo que se sostiene en este voto supone que se debe distinguir entre los
derechos humanos en general, que, en toda circunstancia, deben ser respetados en
virtud de lo prescrito en el Derecho Internacional y aquellos que, además, pueden ser
justiciables ante una jurisdicción internacional. A este respecto, cabe llamar la atención
de que solo existen tres tribunales internacionales en materia de derechos humanos, a
saber, la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos. Pues bien, no todos los Estados de las respectivas
regiones, han aceptado la jurisdicción del tribunal correspondiente. Por otra parte, no
todas las regiones del mundo disponen de una jurisdicción internacional en materia de
derechos humanos. Tampoco se ha creado un tribunal universal de derechos humanos.
7.
La circunstancia, pues, de que un Estado no haya aceptado ser sometido a una
instancia jurisdiccional internacional en materia de derechos humanos, no significa que
éstos no existan y que no los pueda eventualmente ser violarlos. El Estado los debe,
de todas maneras, respetar, aunque no exista un tribunal internacional al que se
pueda concurrir en el evento de que los vulnere y ello máxime si son consagrados en
un tratado del que es Estado Parte. En tal eventualidad, la sociedad internacional
podrá emplear medios netamente diplomáticos o políticos para lograr el
restablecimiento del respeto de los derechos en comento. Entonces, un asunto es la
consagración internacional de éstos y otro, el instrumento internacional que se emplee
para lograr que se restablezca su vigencia en las situaciones en que sean violados.
8.
Teniendo presente todo lo expuesto precedentemente, lo que se planteará en
este texto se dividirá en la interpretación del artículo 26, lo dispuesto en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos12, lo establecido en el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador y las Conclusiones.
II.
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26.
9.
En vista de que la Convención es un tratado entre Estados y, por ende, regida
por el Derechos Internacional Público13, las razones que sustentan este disenso se
encuentran, principalmente, en la interpretación que, acorde a los métodos de
interpretación de los tratados previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados14, se debe hacer del artículo 26. Dichos métodos dicen relación con la
buena fe, el tenor literal de los términos del tratado, el contexto de ellos y el objeto y
fin de aquél15.
présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous le
contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme instituée par la présente Convention.”
12
En adelante, la OEA.
13
Art. 2 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados: “Términos empleados. 1. Para los
efectos de la presente Convención: a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por
escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o
más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;”
14
En adelante, la Convención de Viena.
15
Art.31: “Regla general de interpretación.
I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los
términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos
su preámbulo y anexos:
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la
celebración del tratado:
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