INFORME No. 96/14
PETICIÓN 422-06
ADMISIBILIDAD
PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO TAGAERI Y TAROMENANI
ECUADOR
6 DE NOVIEMBRE DE 2014

I.

RESUMEN

1.
El 4 de mayo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“Comisión Interamericana” o “Comisión”) recibió una petición presentada por Fernando Ponce Villacís, Raúl
Moscoso, Juan Guevara y Patricio Asimbaya1 (en adelante “peticionarios”) en la cual se alega la responsabilidad
internacional de la República de Ecuador (en adelante, “Estado” o “el Estado ecuatoriano”), por las violaciones
a los derechos humanos en perjuicio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenani
y sus miembros (en adelante “presuntas víctimas”, “los Tagaeri y Taromenani” o “los pueblos indígenas”).
Mediante nota recibida por la CIDH el 14 de octubre de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (en adelante “CONAIE” o “co-peticionaria”) solicitó adherirse a la petición, cuestión que fue
considerada procedente por la Comisión y notificada oportunamente a ambas partes.
2.
La petición inicial fue presentada en relación con la falta de adopción por parte del Estado
ecuatoriano de mecanismos efectivos para proteger la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario Tagaeri y Taromenani y su territorio ancestral. Los peticionarios alegan que ello se manifiesta en
actos de violencia y asesinatos de los que han sido víctimas estos pueblos, en particular de presuntas dos
matanzas cometidas en mayo de 2003 y abril de 2006 presuntamente por taladores ilegales e indígenas
Waorani2. Indicaron que tales hechos hacen parte de una situación de invasión del territorio ancestral Tagaeri
y Taromenani, y de la explotación legal e ilegal de sus recursos naturales. Durante el trámite ante la CIDH, los
peticionarios informaron que la persistencia de la ausencia de medidas efectivas de protección por parte del
Estado, condujo a que se produjera una nueva presunta masacre contra los pueblos en aislamiento en marzo
de 2013.
3.
Por lo anterior, sostienen que el Estado es responsable de violar los derechos consagrados en
los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida), 8 (debido
proceso), 19 (derechos del niño), 21 (derecho a la propiedad privada), 23 (derechos políticos), 24 (igualdad
ante la ley), 25 (protección judicial), 26 (derechos económicos, sociales y culturales), 2 (deber de adoptar
disposiciones de derecho interno) y 1 (obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante, “Convención” o “Convención Americana”); y en los artículos I (vida, a la
libertad, a la seguridad e integridad de la persona), II (igualdad ante la Ley), VI (derecho a la constitución y a la
protección de la familia), VIII (derecho de residencia y tránsito), IX (derecho a la inviolabilidad del domicilio),
XI (preservación de la salud y al bienestar), XIII (derecho a los beneficios de la cultura), XVII (derecho de
reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles), XVIII (justicia), XX (derecho de sufragio
y de participación en el gobierno) y XXIII (derecho a la propiedad) de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (en adelante, “Declaración Americana”).
4.
El Estado ecuatoriano, por su parte, en respuesta a la petición presenta información
relacionada conmedidas adoptadas para proteger a los pueblos en aislamiento, tales como el establecimiento y
delimitación de una zona intangible, y la adopción de la “Política Nacional de Pueblos en Situación de
Aislamiento Voluntario”. Asimismo, indica que la petición debe ser declarada inadmisible por falta de
agotamiento de recursos internos y porque los peticionarios buscan que la Comisión se convierta en un tribunal

1

Mediante nota recibida el 6 de noviembre de 2013, Patricio Asimbaya solicitó no ser considerado como peticionario en el

proceso.
2 En sus escritos ante la CIDH, tanto los peticionarios como el Estado se refieren indistintamente a Waorani o Huaorani para
referirse al mismo pueblo indígena. Por motivos de auto identificación, la CIDH se referirá en el presente informe al “pueblo Waorani”.

1

Select target paragraph3