Los hechos del caso se refieren a la afectación a la vida y la integridad personal de integrantes de la organización no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas en razón de su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos, y en el marco de un contexto de hostilidad general hacia los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.

La Corte IDH desestimó el pedido por considerar que no alcanzaba los requisitos convencionales.