Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de Cesar Garzón Guzmán, ocurrida en Quito en noviembre de 1990, en un contexto de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales contra personas identificadas como subversivas, en particular, como integrantes de los grupos “Alfaro Vive Carajo” y “Montoneras Patria Libre”, asi como la impunidad en que se mantiene.

En su Sentencia, la Corte reitero estándares sobre el deber estatal de iniciar investigaciones de oficio en casos de sospecha de que una persona ha sido sometida a desaparición forzada así como el de llevar adelante las investigaciones con debida diligencia.