Los hechos que fundamentan la solicitud se refieren a protección del derecho a la estabilidad de sus puestos de los magistrados del Tribunal Constitucional de Perú, Manuel Miranda, Carlos Ramos Nuñez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera y de la magistrada Marianella Ledesma Narváez a quienes se pretende destituir como consecuencia de su actuación en la causa judicial relacionada con el cumplimiento de la obligación de investigar ordenada por la CorteIDH en la Sentencia de Fondo del caso Durand y Ugarte, dictada el 16 de agosto de 2000.