-12- 6. Que después de haber examinado los hechos y circunstancias que fundamentaron la Resolución del Presidente de 22 de julio de 2005 (supra Visto 4), la información aportada con posterioridad por el Estado (supra Vistos 6 y 9), por uno de los beneficiarios y representante de los demás (supra Visto 12), así como lo indicado por la Comisión (supra Vistos 8 y 11), y tomando en cuenta la gravedad de la situación y las circunstancias particulares de riesgo en la que se encuentran los beneficiarios de las medidas urgentes ordenadas por el Presidente, la Corte considera que persiste, prima facie, una amenaza y grave riesgo a la vida e integridad personal del señor Luis Alberto Ramírez Hinostroza, de su esposa e hijas, y del señor Carlos Rivera Paz. El estándar de apreciación prima facie en un caso y la aplicación de presunciones ante las necesidades de protección, han llevado a la Corte a ordenar medidas en distintas ocasiones2. 7. Que en cuanto al deber del Estado de adoptar, en forma inmediata, todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal del señor Luis Alberto Ramírez Hinostroza, de su esposa e hijas, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo primero de la Resolución del Presidente (supra Visto 4), la Corte valora que, según la información aportada por los representantes, el Estado ha adoptado determinadas medidas de protección a favor del señor Ramírez Hinostroza, tales como la entrega de un chaleco antibalas y la asignación de dos efectivos policiales que deben custodiar, respectivamente, su vivienda y a dicho señor mientras se desplaza (supra Visto 12). Sin embargo, la Corte ha notado con preocupación que, según la información aportada por los representantes, durante la vigencia de las medidas urgentes ordenadas por el Presidente de la Corte el 22 de julio de 2005 (supra Visto 4) el señor Ramírez Hinostroza habría sido víctima de un nuevo atentado contra su vida el 15 de septiembre de 2005, cuando “dos desconocidos a bordo de una motocicleta realizaron disparos” en su contra, los cuales fueron “repelidos” por el efectivo policial que se encontraba custodiándolo (supra Visto 12). 8. Que la Corte valora la información aportada por el Estado en sus escritos de 12 de agosto de 2005 y 31 de agosto de 2005 (supra Vistos 6 y 9) y estima necesario que éste informe sobre cuáles son las medidas de protección vigentes para proteger la vida y la integridad personal de los beneficiarios, tomando en especial consideración la información remitida por los representantes el 16 de septiembre de 2005 (supra Visto 12), relativa a la filmación de la vivienda del señor Ramírez Hinostroza, al referido “cuarto atentado” que se alega ocurrió el 15 de septiembre de 2005 y a la falta de prestación del servicio de seguridad por uno de los dos efectivos asignados. 9. Que en cuanto al deber del Estado de adoptar, en forma inmediata, todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal del señor Carlos Rivera Paz, el Estado señaló que se han dispuesto “las medidas pertinentes” para que la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (DIRSEG PNP) realice las coordinaciones respectivas “en el más breve plazo” posible con el señor Rivera Paz, “a fin de brindarle seguridad y protección personal” “con un efectivo policial, durante [su] trabajo diario en el I[nstituto de] D[efensa] L[egal] y sus desplazamientos”. Por su parte, tanto la Comisión como el referido beneficiario, al remitir 2 Cfr. Caso de las Penitenciarías de Mendoza, supra nota 1, Considerando decimocuarto; Caso Masacre Plan de Sánchez. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de septiembre de 2004, Considerando noveno; y Caso Luisiana Ríos y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de septiembre de 2004, Considerando decimoquinto.