7. El Estado mediante comunicación de 1 de diciembre de 2003, remitió el Informe No 0772003-JUS/CND-SE elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos
Humanos, con el cual se dio respuesta a los términos de la denuncia interpuesta. La
información presentada por el Estado peruano fue trasladada a los peticionarios por medio de
nota de diciembre 4 de 2003. El 10 de diciembre de 2003 se recibió una comunicación de
APRODEH, en la cual presentaron observaciones al contenido de la respuesta del Estado.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

El peticionario

8. Los peticionarios informaron que el 17 de diciembre de 1996, un comando del Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru, (MRTA), al mando del ciudadano peruano Néstor Cerpa Cartolini,
asaltó la residencia del Embajador del Japón en el Perú, al momento en que se realizaba el
festejo del natalicio del emperador Akihito, tomando inicialmente en calidad rehenes a 379
personas entre ciudadanos peruanos y extranjeros, personal que fue liberando paulatinamente
por haber entrado en conversaciones el grupo guerrillero con emisarios del gobierno.
9. El 22 de abril de 1997 en horas de la tarde, se realizó un operativo de rescate de los
rehenes denominado "Chavín de Huántar", en el que fallecieron todos los emerretistas que
participaron. Según la versión oficial la muerte de los asaltantes se habría producido en
enfrentamiento con las fuerzas del orden. El operativo se planificó poco después de la toma de
la residencia de la embajada por el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori
Fujimori, el Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido por Julio Salazar Monroe y Vladimiro
Montesinos Torres, y por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dirigido por el
Comandante General del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, conforme lo declaró el
Presidente de la República, Alberto Fujimori, en entrevista al diario El Comercio publicada el 17
de diciembre de 1997.
10. Dentro de los integrantes de los comandos militares que participaron en el operativo de
rescate, se encontraba el Coronel del Ejército Peruano, Roberto Huaman Ascurra, procesado
por su participación en la red de corrupción e implicado en las matanzas de Barrios Altos y La
Cantuta. También participó el Coronel del Ejército Peruano, Jesús Zamudio Aliaga, prófugo de
la justicia, conocido como "ZAJ" y como "El Chacal", durante su paso en Ayacucho a mediados
de los años 80 en donde formó la compañía anti-subversiva "Lince", recordada por su
participación en violaciones a los derechos humanos.
11. Concluido el operativo militar de rescate, el levantamiento de los cuerpos de los
subversivos fue realizado por fiscales militares, impidiéndose el ingreso de los representantes
del Ministerio Público. Los cadáveres no fueron llevados al Instituto de Medicina Legal para la
necropsia de ley, sino que de manera irregular, fueron llevados a la morgue del Hospital de la
Policía para realizar las autopsias, cuyo contenido se desconoció hasta el año 2001. Tampoco
se permitió que sus familiares participaran en el reconocimiento y autopsia de los cuerpos,
siendo sepultados clandestinamente en diferentes cementerios de la ciudad de Lima. La
Fiscalía de la Nación se inhibió de su competencia para investigar la identidad de los
emerretistas fallecidos a favor de la justicia militar, cuando le fue solicitada su intervención por
la madre de otra de las víctimas, la señora Eligia Rodríguez Bustamante y el Subdirector de
APRODEH, quienes les habían solicitado a la Fiscalía General adelantar las diligencias del caso
para identificar a los muertos durante la toma de la casa del Embajador.2

2 Con fecha 7 de mayo el Fiscal Adjunto Supremo comunica, por encargo del Fiscal de la Nación Dr. Miguel Aljovin Swayne, la
resolución expedida esa misma fecha, es decir 7 de mayo de 1997, en la cual se dice" Visto el oficio número cero diecisiete
guión FG CSJM, cursado por el capitán de navío Moisés Pérez Díaz (CJ), Fiscal General Adjunto del Consejo Supremo de
Justicia Militar , referido al estado del proceso en el Fuero Militar con relación a la intervención militar a la residencia del
embajador de Japón el veintidós de abril de mil novecientos noventaisiete: NOTIFIQUESE AL Subdirector de la Asociación Pro
derechos Humanos y a doña Eligia Rodríguez Bustamante, para que hagan valer su derecho ante el Tribunal Militar especial de
la Segunda Zona Militar del ejército; igualmente remítase copia del citado oficio al defensor del Pueblo, para su conocimiento y
fines pertinentes.”

2

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