Los hechos del caso se refieren a las cesaciones en sus cargos de dos jueces y dos fiscales , -ocurridas entre los años 2001 y 2002- en el marco de los procesos de evaluación y ratificación que llevó adelante Consejo Nacional de la Magistratura en Perú.

La Sentencia de la CorteIDH analizo la compatibilidad de los procesos llevados a cabo con las garantías judiciales. En particular, se evaluó la falta de motivación de las decisiones tomadas, así como el derecho a conocer la acusación y contar con el tiempo y medios adecuados para el ejercicio de la correspondiente defensa. Adicionalmente evaluó las violaciones derivadas de la imposibilidad de acceder a la revisión judicial en materia de evaluaciones y ratificaciones de jueces y fiscales tomadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.