Los hechos que fundamentan la solicitud se relacionan con el referéndum llevado a cabo el 4 de febrero de 2018 en Ecuador; en particular respecto de la pregunta vinculada con la destitución de los actuales integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asi como la creación de una autoridad transitoria. La Corte IDH desestimó la solicitud por improcedente.