Los hechos del caso se refieren a la muerte -en mayo de 1998, cuando salía de una reunión de la Alcaldía de Catacamas- de Carlos Antonio Luna López, defensor de derechos humanos que apoyaba las luchas por la tierra de los grupos campesinos locales. La Corte IDH ubicó los hechos en una situación de conflictividad y riesgo para las personas que trabajaban en la protección del medio ambiente en Honduras.

La Corte IDH aplicó estándares sobre obligaciones estatales frente a situaciones de riesgo real e inmediato para la vida de las personas. Adicionalmente evaluó la investigación de lo ocurrido a partir del marco de debida diligencia.