Los hechos del caso se relacionan con las irregulares investigaciones que se llevaron adelante a raíz de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Placido, ocurrida en octubre de 2001.

En su Sentencia la Corte destaca el deber estatal de crear las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos respecto de las personas que cumplen el rol de defensoras de los derechos humanos, siendo una tarea que contribuye de manera esencial como garantes contra la impunidad. En particular refiere la especificidad de género de los ataques dirigidos a mujeres que actúan como defensoras.

Adicionalmente, analiza las violaciones al deber de debida diligencia que permearon la investigación y la judicialización de la muerte de Digna Ochoa.