Los hechos del caso se refieren al secuestro y muerte de Marco Bienvenido Palma Mendoza por supuestos agentes del Estado y las investigaciones penales derivadas de los mismos. El cuerpo de la víctima fue identificado 3 años después de su desaparición.

La Corte IDH rechazó que la conducta estatal derivara en la vulneración de los derechos a las garantías y protección judicial de los familiares de la víctima y, del mismo modo, determinó que no hubo responsabilidad estatal respecto del derecho a la integridad personal.