“solicita[ron] al [P]residente de la República y al [F]iscal General de la Nación que brind[ara]n información concreta y transparente sobre la identificación de las víctimas de es[a]s actividades criminales”431. 359. En su edición del 1 de mayo de 2020 la revista Semana incluyó la publicación titulada “Las carpetas secretas”, en la que se indicaba que entre febrero y diciembre de 2019 “[a]lgunas unidades del Ejército ejecutaron […] uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país”, en virtud del cual “más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron ‘perfilaciones’ y ‘trabajos especiales’”. La publicación refirió que, según documentos a los que el medio de comunicación habría tenido acceso, “aparecen varios integrantes del Colectivo José Alvear [Restrepo], algunos de los cuales son los abogados de víctimas de falso positivos [ejecuciones extrajudiciales] o adelantan procesos contra generales retirados acusados de esas prácticas”432. 360. En enero de 2020, a partir de la publicación de la revista Semana, la Fiscalía General de la Nación inició las indagaciones correspondientes (radicado No. 110016000102202000007) “por posibles hechos irregulares al interior del Ejército Nacional por parte de los batallones de inteligencia y contrainteligencia militar”, a efecto de “determinar realmente qué clase de actividades de intromisión en los derechos fundamentales se suscitaron”. En el marco de la investigación instruida, ante solicitudes de información efectuadas, la Fiscalía respondió que, entre otras personas, dos abogados del CAJAR, incluido Reinaldo Villalba Vargas, “aparecen referenciados como objeto de seguimiento informático por parte del Ejército Nacional”433. Cfr. W Radio, “Colectivo de Abogados pide determinar si fue víctima de ‘chuzadas’”, 16 de enero de 2020. Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colectivo-de-abogados-pide-determinar-si-fuevictima-de-chuzadas/20200116/nota/4003855.aspx. 432 Cfr. Revista Semana, “Las carpetas secretas”, 1 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacionsemana/667616/. En su informe anual de 2020, la Comisión Interamericana señaló lo siguiente: [L]a Comisión expresó su preocupación por las denuncias sobre espionaje ilegal con el objetivo de elaborar informes de inteligencia sobre periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos efectuada presuntamente por al menos cuatro batallones y brigadas de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares en Colombia. Para esto, se habría recabado información mediante el seguimiento de estas personas y a través de diversas herramientas informáticas en la recopilación de datos sobre comunicaciones privadas, teléfonos, correos electrónicos, lugares de vivienda y trabajos, datos de sus familias y personas de contacto, intromisiones a su intimidad e incluso interceptaciones de sus comunicaciones de las personas mencionadas. Cfr. CIDH. Informe anual 2020, capítulo IV.A, párr. 252. Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión indicó: El 18 de diciembre de 2019 una comisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y policías judiciales de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría allanaron el Batallón de Ciberinteligencia en Facatativá [departamento de Cundinamarca], en busca de evidencia respecto a la denuncia de vigilancia ilegal. Los oficiales que se encontraban en las instalaciones habrían negado realizar actividades ilegales y tener software o herramientas informáticas, pero se habrían incautado varios equipos, entre ellos [d]iez discos duros, cinco celulares, ocho sim cards, 12 memorias USB, una memoria micro SD, 316 DVD y discos compactos […], 189 páginas de documentos y cinco arduinos (placas que pueden ser programadas para Windows, Mac o softwares libres). Cfr. CIDH. Informe anual 2020 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 28, 30 de marzo de 2021, párr. 407. 433 Cfr. Oficio de 18 de junio de 2020, suscrito por la Fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia (expediente de prueba, tomo XIII, anexo 57 al escrito de solicitudes y argumentos de CAJAR y CEJIL, folios 27988 y 27989), y Oficio de 27 de mayo de 2020 suscrito por la Fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia (expediente de prueba, tomo XLIII, anexo al escrito del Estado de 22 de mayo de 2023, folios 47749 y 47754). Al respecto, el 15 de junio de 2020 fue remitida una comunicación conjunta del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, mediante la cual indicaron “señalar a la atención urgente del Gobierno […] la información […] recibid[a] en relación con presuntas actividades de empleo irregular de 431 104