Los hechos del caso se refieren al derecho a la propiedad ancestral de la Comunidad indígena Xákmok Kásek que por más de 20 años tramitaba una solicitud de reivindicación sin obtener ninguna respuesta.

La Corte IDH consolidó su jurisprudencia sobre el derecho a la propiedad ancestral comunitaria, reconociendo la estrecha relación existente entre las tierras ancestrales, los recursos que de ellas derivan, y los pueblos indígenas. Particularmente, estableció que la falta de acceso a prestaciones básicas, como agua, alimentación, salud y educación, sufridas por la Comunidad constituye una violación al derecho a la vida, y señaló también que el Estado era responsable por la muerte de integrantes de la comunidad en tanto no adoptó las medidas positivas necesarias que eran de esperarse para prevenir o evitar el riesgo a la vida.

Una vez más, la Corte IDH reconoció explícitamente que la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado y que, consecuentemente, aquellos que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas aún a falta de título legal e incluso cuando las tierras se encuentren en manos privadas.