14 la pena capital37 de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Delitos contra las Personas de 1994 de Barbados, según la cual: “[c]ualquier persona condenada por homicidio será sentenciada a, y sufrirá, la muerte”38. Tampoco existe controversia respecto a que dicha legislación impone una pena de muerte obligatoriamente para todas aquellas personas encontradas culpables del delito de homicidio39. Sin embargo, existe controversia respecto del hecho de si la imposición obligatoria de la pena de muerte es contraria a las disposiciones de la Convención Americana40. la ofensa menor de homicidio culposo (“manslaughter”). Boyce y Joseph, sin embargo, se declararon no culpables al cargo de homicidio. El 2 de febrero de 2001 Lennox Boyce y Jeffrey Joseph fueron encontrados culpables de homicidio y condenados a sufrir la muerte por medio de la horca conforme a la Ley de Delitos contra la Persona. Cfr. Lennox Ricardo Boyce and Jeffrey Joseph v. The Queen, acta de procedimiento (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo B.1, folios 502 and 814-815); Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Barbados en Jeffrey Joseph and Lennox Ricardo Boyce v. The Attorney-General et al., supra nota 13, (folios 910-912); affidávit de Jeffrey Joseph, 17 de agosto de 2004 (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo D.1, folios 1556), y affidávit de Lennox Boyce, 17 de agosto de 2004 (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo D.1, folio 1559) 35 Frederick Benjamin Atkins fue acusado del homicidio de Sharmaine Hurley, quien falleció en algún momento entre el 10 y 13 de octubre de1998, como resultado de dos puñaladas en el pecho. El señor Atkins se declaró no culpable al cargo de homicidio y el 21 de julio de 2000 fue condenando y sentenciado a sufrir la muerte por medio de la horca conforme a la Ley de Delitos contra la Persona. Cfr. Her Majesty The Queen v. Frederick Benjamin Atkins, transcripción del juicio (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo B.6, folios 1010, 1014, 1085 y 1325), y Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Barbados, Frederick Benjamin Atkins v. The Queen, Criminal Appeal No. 21 of 2000 (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo B.7, folio 1328). 36 Michael McDonald Huggins fue acusado del homicidio de Stephen Wharton, quien falleció a causa de un herida de bala el 30 de noviembre de 1999. El señor Huggins se declaró no culpable al cargo de homicidio y el 19 de julio de 2001 fue condenando y sentenciado a sufrir la muerte por medio de la horca conforme a la Ley de Delitos contra la Persona. Cfr. Michael McDonald Huggins v. The Queen, supra nota 16, (folios 1384 y 1476), y Affidávit de Michael Huggins, 17 de agosto de 2004 (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo D.1, folio 1562). 37 El Tribunal recuerda que no es un tribunal penal ante el cual se puede juzgar la responsabilidad penal de un individuo. Esta cuestión le corresponde a los tribunales internos. Asimismo, la Corte reconoce el deber del Estado de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción, prevenir la comisión de delitos, castigar a aquéllos responsables y, generalmente, mantener el orden público. Sin embargo, la prevención de los delitos y el régimen de castigos del Estado deberá llevarse a cabo con el más alto respeto hacia los derechos humanos de los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción y de conformidad con los tratados de derechos humanos aplicables. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 154; Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37; Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 55, y Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 63. 38 Ley de Delitos contra la Persona, Cap. 141 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, anexo 23, folio 2980). 39 Las únicas excepciones a esta regla incluyen casos donde la persona condenada es menor de 18 años de edad o se encuentra embarazada. Cfr. artículo 14 de la Ley de Delincuentes Menores de Edad (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, anexo 22, folio 2973) y artículo 2 de la Ley de Pena de Muerte (Mujeres Embarazadas) (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, anexo 27, folio 3087). 40 El Estado ha afirmado en varias oportunidades en el presente caso que “el pueblo de Barbados cree firmemente en la efectividad y la validez de la pena de muerte como un factor disuasivo criminal. El Gobierno actual fue elegido, en parte, por la plataforma explícita de la imposición de la pena de muerte. Fue elegido para apoyar no sólo cualquier forma de pena de muerte, sino la forma actual y obligatoria de pena capital”. Enfatizó que aún si en Barbados no se imponía la pena de muerte desde el año 1984, todavía existía un fuerte apoyo por parte del pueblo para la pena capital obligatoria como un factor disuasivo criminal. En este sentido, la Corte reconoce la información presentada por el Estado respecto del apoyo de la opinión pública a la pena de muerte en Barbados. Sin embargo, conforme a los artículos 62 de la Convención y 1 del Estatuto de la Corte, el objetivo principal de este Tribunal, como institución judicial, es "la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos". El Estado de Barbados ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos el 27 de noviembre de 1982 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 4 de junio de 2000 (supra, parr. 30). Consecuentemente, de conformidad con su deber de resolver aquellos casos debidamente sometidos a su conocimiento, la Corte debe analizar si el sistema de pena capital de Barbados concuerda con las obligaciones legales que el Estado ha asumido conforme a la Convención Americana, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal. En este sentido, la Corte, como ultimo intérprete de la Convención, se asegura que el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes que, aunque sean populares, son contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Cfr. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú.