VOTO CONCURRENTE RAZONADO
DEL JUEZ DIEGO GARCÍA-SAYÁN
EN EL CASO KIMEL VS. ARGENTINA
DE 2 DE MAYO DE 2008
I.
La libertad de expresión en el caso Kimel vs. Argentina.-
1.
En la sentencia en el caso Kimel vs. Argentina, la Corte reafirma el concepto de
que la libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad democrática.
La conducta del señor Eduardo Kimel, según todo lo actuado, configuró el ejercicio
regular de ese derecho. En el caso concreto, el trabajo de investigación periodística
efectuado por el señor Kimel aportó importantes elementos de información y de juicio
sobre la conducta de un magistrado en relación a la investigación sobre un grave caso
de violación a los derechos humanos ocurrido durante la dictadura militar en
Argentina. La denominada “masacre de San Patricio”, en la que durante la dictadura
fueron asesinados en su casa cinco religiosos de la orden palotina, era un hecho serio
al que dedicó dicho trabajo el señor Kimel.
2.
Según lo constatado en el expediente, resulta evidente que la información y
apreciaciones expresadas por el señor Kimel se encontraban dentro del ejercicio
regular de un derecho y que la sanción penal establecida contra él era
desproporcionada. En el acta suscrita entre las partes alcanzada al proceso se refieren
a la “injusta sanción penal” que es, sin duda, el aspecto medular de la responsabilidad
internacional del Estado en este caso. Es un hecho probado que el señor Kimel no
había utilizado un lenguaje desmedido y que la crítica no tenía relación con aspectos
de la vida personal del juez que lo querelló sino con su trabajo en la causa judicial a su
cargo.
3.
En este caso es un paso muy importante que el Estado se haya allanado
aceptando que violó el derecho a la libertad de expresión del señor Kimel y
reconociendo, además, la falta de precisiones en la normativa penal que sanciona la
calumnia y las injurias. También es relevante que el Estado haya deplorado “que el
único condenado por la masacre de los palotinos haya sido justamente quien ha
llevado a cabo una investigación periodística exhaustiva sobre tan terrible crimen y su
tratamiento judicial”. Como una de las consecuencias de tal allanamiento la Corte
dispuso que el Estado debe adecuar en un plazo razonable su derecho interno a la
Convención, de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado “se corrijan
para satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y, consecuentemente, no
afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión” (párr. 128).
4.
La Corte deja establecido en este caso que se abusó del poder punitivo del
Estado, tomando en cuenta los hechos imputados al señor Kimel, su repercusión sobre
los bienes jurídicos del juez querellante y la naturaleza de la sanción –privación de
libertad- aplicada al periodista (párr. 80).