Los hechos del caso se relacionan con el proceso penal por el delito de conspiración al que fue sometido el abogado constitucionalista Brewer Carías, en razón de su vinculación con la redacción del “Decreto Carmona” por el cual se disolvían los poderes públicos en Venezuela y se establecía un gobierno de “transición democrática”; todo esto había acontecido en abril de 2002.

La CorteIDH hizo lugar a la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos presentada por el Estado, por lo que no avanzó en el análisis de fondo sobre el asunto.