11 aquí ostenta el Estado deriva de que los detenidos en prisiones, en espera de sentencia o en cumplimiento de una condena, se hallan sujetos a un régimen minuciosamente regulado, aplicado y supervisado por el Estado mismo, de manera tal vez más intensa que la que pudiera aplicarse a cualquier otra categoría de sujetos. En estos casos, correspondientes a la institución total que es la prisión, los títulos de los que resulta la condición de garante del Estado son la orden de captura --o sus equivalentes-- y la sentencia de condena. Ambos actos de autoridad traen consigo la sustracción del sujeto del medio libre en el que se ha desenvuelto y su colocación en un medio totalmente distinto, en el que cada acto de la vida del interno se halla sujeto al control del poder público. La función de garante implica: a) omitir todo aquello que pudiera infligir al sujeto privaciones más allá de las estrictamente necesarias para los efectos de la detención o el cumplimiento de la condena, por una parte, y b) proveer todo lo que resulte pertinente --conforme a la ley aplicable-- para asegurar los fines de la reclusión: seguridad y readaptación social, regularmente, por la otra. 19. No se carece de referencias internacionales acerca del trato que debe darse a los individuos sujetos a detención --detención legalmente prevista--; en ellas se traza la frontera entre lo debido y lo indebido, lo admisible y lo inadmisible. Esas referencias sirven como punto de partida para puntualizar el espacio en el que actúa y los caracteres que tiene la misión de garante atribuida al Estado 28. El cotejo entre las previsiones de aquéllas y las realidades del sistema carcelario permitirán conocer el grado de cumplimiento de los deberes públicos, que no puede decaer por el hecho de que los sujetos a detención hayan incumplido gravemente --y sean por ello merecedores de pena-- las obligaciones que les impone la vida social. Evidentemente, la prisión implica restricciones severas. No cuestiono ahora su pertinencia. Dejo este punto fuera de mis actuales consideraciones. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que dichas restricciones tienen límites: más allá de ellos, pueden convertirse --como en efecto ha ocurrido-- en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, es preciso distinguir entre el régimen de privación (cautelar y provisional) de la libertad que corresponde a quien aún no ha sido condenado, del que atañe a quien ya lo ha sido. A favor de aquél existe una presunción de inocencia que debe reflejarse en las condiciones de detención, cuando se estime indispensable privarle de la libertad mientras se desarrolla el proceso. Juez Sergio García Ramírez Manuel E. Ventura Robles Secretario alude al criterio del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Moriana Hernández Valenti de Bazzano vs. Uruguay, no. 5/1977 de 15 de agosto de 1979, párrs. 9-10. 28 Así --y para referirme sólo a los instrumentos mejor conocidos-- mencionaré las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Ginebra, 1955), aprobadas por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas el 31 de julio de 1957, y reformadas el 13 de mayo de 1977, el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988 (Res. 43/173), y los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990 (Res. 45/111).