Los hechos del caso se refieren a la situación de cinco defensoras de derechos humanos quienes sufrieron amenazas, hostigamientos, allanamientos y ocupación de sus viviendas por su tarea en el lugar conocido como Comuna 13 -uno de los sectores con más bajo índice de calidad de vida de la ciudad de Medellín- y que fuera escenario de numerosos operativos militares y presencia paramilitar durante el año 2002.

Derivado de esta situación, la Sra. Ana Teresa Yarce fue asesinada en octubre de 2004, y las otras mujeres y sus familias fueron obligadas a desplazarse para protegerse.

La CorteIDH abordó las afectaciones a la libertad personal de las víctimas –quienes permanecieron detenidas de manera ilegal y arbitraria-, asi como la violación al derecho a la vida y la integridad en relación con el riesgo derivado de su tarea como defensoras de derechos humanos También fue analizada la situación de desplazamiento y el impacto diferencial que la misma tuvo en razón del género de las víctimas.