-2demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”), la cual se
originó en la denuncia Nº 12.138, recibida en la Secretaría de la Comisión el 1º de
septiembre de 1998.
2.
La Comisión presentó la demanda de conformidad con el artículo 61 de la
Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los
artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 9 (Principio de
Legalidad y de Retroactividad) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención
Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del
mismo tratado, en perjuicio de la señora María Teresa De La Cruz Flores (en adelante
“la presunta víctima” o “la señora De La Cruz Flores”). Asimismo, la Comisión
solicitó a la Corte que declarara que el Estado había incumplido la obligación
consagrada en el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de
la Convención, igualmente en perjuicio de la señora María Teresa De La Cruz Flores.
Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adoptara una
serie de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las
costas generadas en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
3.
De conformidad con lo señalado por la Comisión, la señora María Teresa De
La Cruz Flores, médico de profesión, fue detenida por miembros de la policía el 27 de
marzo de 1996 cuando finalizaba sus labores como médico pediatra en el Instituto
Peruano de la Seguridad Social, por cargos de terrorismo tramitados bajo el
expediente No. 113-95, y una vez detenida fue notificada de otra orden de arresto
dentro del expediente No. 723-93 por el delito de terrorismo, expediente que, según
la Comisión, para ese momento había sido reportado como extraviado. La presunta
víctima fue procesada por un tribunal compuesto por jueces “sin rostro”, el cual la
condenó, el 21 de noviembre de 1996, por el delito de terrorismo a la pena de 20
años de prisión, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley No. 25.475. Dicha
sentencia fue confirmada por la ejecutoria de la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema de Justicia de la República el 8 de junio de 1998. Por otro lado, la
Comisión mencionó que el 3 de enero de 2003 el Tribunal Constitucional del Perú
emitió una sentencia en la cual declaró la inconstitucionalidad de algunas normas de
los Decretos Ley Nos. 25.475 y 25.659, sin especial pronunciamiento en relación con
el artículo 2 del Decreto Ley 25.475, el cual tipifica el delito de terrorismo. En
desarrollo de tal decisión, el Gobierno emitió los Decretos Legislativos Nos. 923, 924,
925, 926 y 927 de fecha 19 de febrero de 2003. Dichos decretos disponen que la
Sala Nacional de Terrorismo, progresivamente en un plazo no mayor de sesenta días
hábiles desde la entrada en vigor de dicha legislación, anularía de oficio, salvo
renuncia del reo, la sentencia y el juicio oral y declararía, de ser el caso, la
insubsistencia de la acusación fiscal en los procesos penales por los delitos de
terrorismo seguidos en la jurisdicción penal ante jueces o fiscales con identidad
secreta.
Sin embargo, la Comisión señaló que la señora De La Cruz Flores
continuaba, hasta la fecha de presentación de la demanda, detenida en situación de
condenada por el delito de terrorismo.
II
COMPETENCIA
4.
La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de
los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, ya que el Perú es Estado Parte
de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia

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