Los hechos del caso se refieren a la violación del derecho a la libertad de expresión -como consecuencia de una serie de actos y omisiones cometidas por agentes del Estado y particulares- contra un grupo de comunicadores sociales y trabajadores del canal de Televisión Globovisión, entre los años 2001 a 2005, y que se expresaron en formas de obstrucción y amedrentamiento para el ejercicio de las tareas periodísticas. La Corte IDH ubicó los hechos del caso en un contexto de alta polarización y conflictividad política y social.

La Corte IDH consideró que los pronunciamientos de altos funcionarios públicos y la omisión de las autoridades estatales en su obligación de actuar con la debida diligencia en las investigaciones por hechos de violencia contra los trabajadores constituyeron faltas a la obligación por parte del Estado de prevenir e investigar los hechos. Adicionalmente analizó el eventual sesgo de género respecto de las agresiones sufridas por mujeres periodistas.