-28demora injustificada y una inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones, y en particular que a partir del año 2001 la investigación se ha extendido por más de 16 años y ha presentado “largos períodos de inactividad y pocos resultados”. 93. Los representantes, coincidieron con lo alegado por la Comisión y señalaron que en el departamento del Huila “las presiones que ejercían y en cierta medida siguen ejerciendo estos grupos delictivos sobre el sistema judicial a través de intimidación y complicidad con policías, jueces y fiscales, es un factor que obstaculiza el proceso de investigación, el esclarecimiento de los hechos y la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables, lo cual perpetúa la impunidad”. Igualmente, indicaron que los cambios de radicación de los procesos en la Fiscalía “generaron fallas en la investigación de los hechos”. 94. Sobre las amenazas a los participantes en el proceso, recordaron que los familiares de Nelson Carvajal “fueron amenazados por sus intentos de esclarecer los hechos [y] obtener justicia, forzando a nueve miembros de la familia a abandonar el país en distintos momentos” y que “varias personas se abstuvieron de declarar en el proceso por [miedo] o como consecuencia de amenazas sufridas”. Hicieron notar que el Estado incumplió con el deber de garantizar la participación de las víctimas, porque: 1) “los abogados que contactaron tenían miedo de asesorarlos”; 2) “los familiares no recibieron medidas de protección, pese a poner en conocimiento de las autoridades las amenazas de las que estaban siendo objeto; 3) dichas amenazas no fueron debidamente investigadas, y 4) se produjo una “violación a la reserva del sumario por parte de los abogados defensores de los sindicados y el [homicidio] de uno de los testigos claves”. 95. Por último, alegaron que para la época de los hechos del caso, “el Estado […] tenía la obligación de crear unidades especializadas con recursos suficientes y la capacitación adecuada para actuar de manera eficiente y efectiva frente a los crímenes contra periodistas”, y que para ese momento existía un alto índice de periodistas ejecutados en el país al igual que elevados índices de impunidad por dichos hechos. Sostuvieron que “no fue sino hasta 1999 cuando el Estado creó una sub-unidad de investigación de asesinatos de periodistas, perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos de la [FGN]”. 96. Por su parte, el Estado sostuvo que “las autoridades competentes adelantaron todas las gestiones necesarias con el fin de esclarecer los hechos ocurridos el 16 de abril de 1998 e identificar a los responsables”, para concluir que no puede ser responsabilizado por fallar en su deber de investigar, juzgar y sancionar el homicidio de Nelson Carvajal. En particular arguyó que “adoptó las medidas correspondientes a favor de quienes participaron, en calidad de testigos, en el proceso […] por el homicidio de Nelson Carvajal, con el fin de garantizar [su] efectividad”. 97. Sobre este último punto enunció varias medidas que adoptó para la protección de familiares de Nelson Carvajal120 y con relación al homicidio de Pablo Emilio Bonilla señaló que “participaba en otros procesos penales en calidad de testigo, por lo que desde el 23 de mayo de 2003 –con anterioridad a las declaraciones efectuadas en el proceso adelantado por el homicidio de Nelson Carvajal -, el Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía ya había valorado la situación de amenaza y riesgo de Pablo Bonilla, y en virtud de ello “montaje”, “las autoridades encargadas de la instrucción han continuado la investigación relacionada con la presunta responsabilidad de la guerrilla […] sin ningún resultado concreto luego de más de una década de investigaciones”. 120 El Estado, hizo referencia a algunas actuaciones realizadas para proteger la integridad física de Judith Carvajal y su hijo, entre ellas su colaboración para su reubicación en el extranjero. Con relación a los demás familiares, hicieron notar que no manifestaron su consentimiento a ser beneficiarios de las medidas de protección ofrecidas por el Estado, y que aún así se solicitó al DAS y a la Policía de Pitalito- Huila, medidas para su protección. Igualmente, enunció las medidas realizadas para la investigación de las amenazas que supuestamente habrían recibido los familiares de Nelson Carvajal.