Los hechos del caso se refieren al incumplimiento de la obligación estatal de investigar en forma efectiva y adecuada el homicidio de Ramón García Prieto, en junio de 1994, así como las amenazas y hostigamientos que sufrieron sus familiares.

La Corte IDH analizó la respuesta estatal a la luz del criterio de debida diligencia, estableciendo estándares respecto de la relevancia del uso de medios técnicos adecuados para llevar adelante investigaciones referidas a amenazas y hostigamientos.