INFORME N° 90/01
CASO 12.256
OSCAR JOSE BLANCO ROMERO
VENEZUELA
10 de octubre de 2001
I.

RESUMEN

1. El 3 de febrero de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por el Comité de
Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro de
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ("los peticionarios"), en la cual se alega la
responsabilidad internacional del Estado de Venezuela ("el Estado") por la detención ilegal,
incomunicación y desaparición forzada de Oscar José Blanco Romero. Los peticionarios alegan
que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"), tales como la
obligación general de respetar los derechos (artículo 1(1)); derecho a la vida (artículo 4);
derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7), derecho a las
garantías judiciales (artículo 8(1)) y a una debida protección judicial (artículo 25) y el artículo 1
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
2. El Estado considera que no se encuentran agotados los recursos de la jurisdicción interna, en
razón de que los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público, y la Defensoría del
Pueblo conjuntamente con los Tribunales venezolanos. Que el recurso de habeas corpus no es el
medio adecuado para la investigación de los hechos denunciados, y que la investigación es una
obligación de medio y no de resultado por lo que en consecuencia, no hay violación de la misma
cuando no se produce el resultado esperado.
3. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es
admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención
Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y
continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 1.1, 4, 5, 7,
8.1 y 25 de la Convención Americana, así como el artículo 1 de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

4. La petición fue presentada el 3 de febrero de 2000 y transmitida al Estado venezolano el 15
de marzo de 2000 bajo el número 12.256, solicitándosele información. La CIDH envió una nota
reiterando la solicitud de información al Estado de Venezuela el 19 de julio de 2000 con un
plazo de 30 días. El Estado presentó sus observaciones el 24 de agosto de 2000, las que
fueron trasmitidas a los peticionarios el 8 de setiembre de 2000. Los peticionarios presentaron
sus observaciones el 25 de octubre de 2000. Las correspondientes observaciones adicionales a
la respuesta del Estado fueron enviadas por la CIDH el 5 de diciembre de 2000. La Comisión
Interamericana celebró una audiencia sobre el caso con ambas partes el 27 de febrero de
2001, durante su 110° período de sesiones. El 23 de marzo los peticionarios remitieron a la
CIDH información adicional que fue trasmitida al Gobierno venezolano el 9 de mayo de 2000.
El 20 de agosto de 2000 el Estado venezolano envió el informe del Ministerio Público de
Venezuela sobre el caso N° 12.307, José Francisco Rivas Fernández (desaparecido en el Estado
Vargas), donde hace referencia de la situación del caso de Oscar José Blanco Romero.
III.

POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD

A.

Los peticionarios

5. El día 15 de diciembre de 1999, fecha en que se realizó el referéndum aprobatorio del
proyecto de la Constitución, tanto en el Estado Vargas como en otras zonas del país, la
magnitud de las lluvias eran un tema de preocupación. En esos días Venezuela vivió las
consecuencias del peor desastre natural de su historia contemporánea.
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