sentido, indicó que las Isapres no ejercen ninguna autoridad pública, sino que realizan
prestaciones en materia de salud al actuar como un seguro, de modo que la decisión de la Isapre
MasVida no es en sí misma imputable al Estado. Respecto al argumento sobre la presunta
inexistencia de mecanismos adecuados para contrarrestar la decisión de la Isapre, el Estado
sostuvo que este carece de méritos puesto que en el caso las presuntas víctimas activaron un
recurso sensible a sus derechos y su especial situación, lo cual resultó que en que sus
pretensiones fueran acogidas, tanto ante la Jueza Arbitral como con ocasión del recurso de
reposición y de apelación ante el Superintendente. Agregó que este caso no se trata de una
“evaluación del diseño institucional” del sistema de salud chileno, sino de la imputación de una
omisión contraria a los derechos humanos, que en realidad no tuvo lugar puesto que el recurso
fue efectivo “en satisfacer la pretensión de las presuntas víctimas”.
78.
El Estado alegó que la Jueza Arbitro abordó el análisis de costos porque esa razón es la
que motivaba la posición de la Isapre, pero que es incorrecto que haya basado su resolución en
“un cálculo económico”, sino en el interés superior de la niña y la protección de sus derechos
como se desprende del considerando 14, tomando en cuenta además los costos para la familia
Vera Rojas. Asimismo, el Estado sostuvo que tiene la libertad de determinar el diseño
institucional más adecuado y de usar múltiples mecanismos para remediar las violaciones a los
derechos humanos, de modo que si uno falla pueda ser compensado por otros, pues lo relevante
es “el resultado del Sistema en su conjunto”. En este sentido, señaló que existen medidas
adecuadas de supervisión y fiscalización, que no existe un deber de proveer mecanismos
“proactivos” en cada caso, y que los mecanismos de fiscalización pueden adoptar distintas
configuraciones: los de adjudicación y los de sanción. En este caso, sostuvo el Estado que operó
un mecanismo de adjudicación, sin perjuicio de que existan otros mecanismos de fiscalización
relevantes.
79.
El Estado sostuvo que Martina nunca dejó de recibir atención médica adecuada, pues la
decisión de la Isapre no consistió en el retiro de la hospitalización ni del término del
financiamiento, sino del cambio del mismo. En este sentido, aclaró que no se trató de una
negación absoluta de atención a la salud, sino de una restricción. Sostuvo que la hospitalización
domiciliaria nunca fue suspendida, por lo que nunca existió un riesgo para la seguridad y la vida
de Martina Vera. Puntualizó que la diferencia del financiamiento de la hospitalización domiciliaria,
después del copago, fue cubierta por el seguro especial que ofrecía la empresa donde trabajaba
el padre de Martina, lo cual es una posibilidad dentro del contexto normativo de Chile. Al
respecto, expresó que el papel del Estado en esta materia no es necesariamente brindar en
forma directa un seguro, sino permitir las condiciones que garantice el adecuado acceso a las
mejores atenciones de salud. El Estado se refirió a las atribuciones de fiscalización de la
Superintendencia y adujo que, si en el caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, la Corte había
considerado que este cumplía con las obligaciones derivadas del artículo 2 en relación con el
artículo 26, dicha conclusión deberá ser ratificada en este caso.
B. Consideraciones de la Corte
80.
La Corte nota que, de acuerdo al marco normativo del Estado (supra párr. 68), en Chile
la atención a la salud se presta en un sistema de seguridad social mixto, en el cual la provisión
de servicios de salud está a cargo de instituciones públicas y privadas. La participación pública
se da a través de Fonasa, y la privada a través de las Isapres. Estas últimas pueden percibir las
cotizaciones obligatorias de salud y, de esta forma, prestan los servicios de otorgamiento y
financiamiento de los servicios de salud en instituciones privadas. Las Isapres se encuentran a
su vez vigiladas por la Superintendencia de Salud, la cual emite normas regulatorias y establece
un mecanismo de reclamo, que puede ser activado una vez que una queja en contra de la Isapre
haya sido previamente conocida y resuelta por la propia Isapre. En este sentido, en tanto se
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