adecuada respecto a los cuidados paliativos y de rehabilitación que necesita, constituían un
riesgo para la salud, la integridad y la vida de Martina debido al riesgo de que adquiriera
infecciones respiratorias, dado que vive con una traqueotomía y una gastrostomía.
133. Por otro lado, el Tribunal recuerda que el derecho a la salud se encuentra estrechamente
relacionado con el derecho a la seguridad social. Los Estados se encuentran obligados a
organizar su sistema de salud de forma tal que permita a las personas acceder a servicios de
salud adecuados, los cuales además deben incluir el acceso a medidas preventivas y curativas,
y el apoyo suficiente a las personas con discapacidad 192. Por esta razón, la Corte considera que
las deficiencias normativas de la Circular No. 7 produjeron una afectación del derecho a la
seguridad social, en tanto permitieron que la decisión de la Isapre estableciera una limitación
arbitraria y discriminatoria del acceso a Martina a los servicios de salud necesarios para atención
de su enfermedad, y que se encontraban previstos en el sistema de atención a la salud chileno.
Lo anterior ocurrió como resultado del incumplimiento del Estado de regular adecuadamente la
prestación de servicios por parte de la aseguradora, lo que tuvo como resultado que el Estado
incumpliera su deber de prevenir que los actos de terceros pusieran en riesgo la posibilidad de
que Martina gozara plenamente del RHD, el cual estaba incluido en el CAEC, y por consiguiente
constituía una de las prestaciones de salud que ofrece el sistema de seguridad social.
134. Por otro lado, el Tribunal advierte que el presente caso plantea una cuestión de
regresividad en términos del artículo 26 de la Convención. La Corte constata que, previo a la
adopción de la Circular No. 7, la CAEC se encontraba regulada por la Circular No. 059 de 29 de
febrero de 2000193. Esta circular no excluía el tratamiento de enfermedades crónicas de la
cobertura del CAEC. Sin embargo, con la adopción de la Circular No. 7 se introdujo dicha causal
de exclusión de cobertura. En ese sentido, en tanto dicha causal estableció una distinción
arbitraria y discriminatoria, cuestión que fue señalada por el propio Estado en la introducción de
la Circular No. IF/282 de 26 de enero de 2017 (supra párr. 69), que implicó una restricción a
los derechos a la salud y la seguridad social, el Tribunal considera que se trata de una medida
deliberadamente regresiva que no encuentra justificación en el contexto de las obligaciones
internacionales del Estado respecto de sus obligaciones de desarrollo progresivo de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales.
135. En consideración con todo lo anterior, este Tribunal concluye que el Estado incumplió con
su deber de regulación de los servicios de salud a través de la disposición de la Circular No. 7
de 1 de julio de 2005 y, por ende, sus obligaciones de protección de los derechos. Esta
disposición permitió la exclusión de la cobertura del RHD de Martina Vera mediante la decisión
de la Isapre MasVida, la cual era necesaria para su adecuado tratamiento médico, más aun
considerando su condición de niña con discapacidad. La decisión de la aseguradora privada,
resultado del incumplimiento del deber de regulación del Estado, puso en riesgo los derechos a
la vida, la vida digna, la integridad personal, la niñez, la salud y la seguridad social, en relación
con la obligación de garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar
disposiciones de derecho interno, en perjuicio de Martina Vera, protegidos por los artículos 4, 5,
19 y 26 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
Asimismo, la existencia de dicha norma constituyó un incumplimiento de las obligaciones de
desarrollo progresivo del Estado en términos del artículo 26 de la Convención Americana.
B.2.1. Aplicación del principio de complementariedad
Cfr. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras, supra, párr. 90, y Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 19, supra, párrs. 11, 13, 17, 21 y 22.
192
193
Cfr. Superintendencia de Isapres. Circular No. 59 de 29 de febrero de 2000. Anexo: Condiciones de la cobertura
adicional para enfermedades catastróficas en Chile.
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