Los hechos del caso se refieren al otorgamiento por parte de Ecuador de un permiso a una empresa privada para la realización de actividades de exploración y explotación en territorio del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, en la década de los 90, sin que se hubiese consultado previamente con éste y sin su consentimiento. Como parte de la explotación autorizada, la empresa privada introdujo explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena que limitó sus derechos de circulación y de expresar su cultura. Acrecen a estos hechos la falta de protección judicial y de observancia de las garantías judiciales.

La Corte IDH se pronunció sobre el derecho a la consulta y a la propiedad comunal indígena, estableciendo que el Estado, al no informar ni consultar previamente al Pueblo Sarayaku sobre el proyecto que impactaría directamente su territorio, incumplió con sus obligaciones de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los pueblos indígenas puedan participar de sus propias instituciones y de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social. Determinó además que dichas consultas debieron hacerse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y con el fin de llegar a un acuerdo.

De este modo, la Corte IDH consideró que la falta de consulta al Pueblo de Sarayaku afectó su identidad cultural.