Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada, el 16 de diciembre de 1993, de Kenneth Ney Anzualdo Castro -un joven de 25 años de edad- por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, debido a su supuesta vinculación con el grupo “Sendero Luminoso”.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre desaparición forzada como una violación de múltiples derechos humanos que coloca a las víctimas en estado de completa indefensión y adquiere particular gravedad cuando -como en el caso- forma parte de un patrón de práctica aplicada o tolerada por el Estado. También estableció criterios para que la investigación en casos de desaparición forzada sea llevada adelante con debida diligencia.